Gestión de riesgos en Colombia: estrategias y desafíos actuales

Prefacio

En Colombia, la gestión del riesgo es más que un término técnico; es una necesidad impostergable. Con su vasta diversidad geográfica y socioeconómica, el país enfrenta retos complejos que van desde fenómenos naturales como deslizamientos y huracanes, hasta riesgos sociales y económicos. Comprender cómo se manejan estos riesgos no solo es útil para los especialistas, sino fundamental para inversionistas, analistas y cualquier persona vinculada al panorama financiero y empresarial local.

Este artículo se propone brindar una visión clara y detallada sobre las estrategias actuales en el manejo del riesgo en Colombia, así como los desafíos que aún persisten desde distintos ángulos. La intención es que el lector pueda no solo conocer los marcos legales y actores involucrados, sino también entender las dinámicas prácticas que influyen en la toma de decisiones en ambientes públicos y privados.

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"Gestionar el riesgo no es predecir el futuro, sino preparar el presente para enfrentarlo." Esta frase encierra la esencia del esfuerzo colombiano, donde cada estrategia nace de la realidad particular y diversa del país.

Al analizar casos recientes y situar la discusión en un contexto nacional, pretendemos ofrecer una base sólida para entender las complejidades de este campo, proporcionando a los expertos y entusiastas del sector una guía práctica y fundamentada para sus análisis y decisiones futuras.

Contexto general de la gestión de riesgo en Colombia

Entender el contexto general de la gestión de riesgo en Colombia es fundamental para cualquier análisis serio sobre cómo se enfrentan las amenazas y vulnerabilidades en el país. Este enfoque no solo ofrece una visión panorámica de los factores que influyen en la seguridad y estabilidad nacional, sino que también destaca la interacción entre aspectos sociales, económicos y geográficos que moldean las estrategias aplicadas.

Al conocer bien las bases de la gestión de riesgos, inversores, analistas y actores financieros pueden anticipar mejor los impactos en sus áreas de interés, optimizando decisiones y evaluando riesgos con mayor precisión.

Definición y alcance de la gestión de riesgo

Conceptos básicos

La gestión de riesgo se entiende como el conjunto de acciones coordinadas para identificar, evaluar y reducir los efectos negativos de amenazas que pueden afectar a personas, bienes y actividades. Incluye desde la prevención, pasando por la mitigación, hasta la respuesta y recuperación ante eventos adversos.

En términos prácticos, esto implica -por ejemplo- que una empresa minera en la región andina tenga planes claros para enfrentar deslizamientos o sismos, minimizando pérdidas económicas y garantizando la seguridad del personal. También abarca la formulación de políticas que guíen la planificación urbana para evitar construcciones en zonas con alto riesgo de inundación.

Importancia en el contexto colombiano

Colombia es un país con una geografía y una dinámica social compleja, donde la gestión de riesgos no es un lujo, sino una necesidad urgente. La vulnerabilidad de muchas zonas, combinada con fenómenos naturales frecuentes, obliga a contar con estrategias claras y adaptables.

El impacto económico y humano de eventos no gestionados adecuadamente puede ser devastador. Por eso, en sectores financieros y empresariales, incorporar la gestión de riesgos como parte del análisis de proyectos es esencial para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las inversiones.

Características del territorio colombiano que afectan el riesgo

Diversidad geográfica y climática

Colombia ofrece una mezcla poco común de climas y ecosistemas: selvas tropicales, montañas nevadas, llanuras y costas. Esto produce una variedad de escenarios de riesgo que requieren enfoques específicos. Por ejemplo, la región del Pacífico es altamente propensa a lluvias intensas y deslizamientos, mientras que la zona Caribe enfrenta fuertes vientos y fenómenos de inundación.

Esta diversidad implica que las estrategias de gestión de riesgo deben ser localizadas y flexibles, entendiendo no solo el entorno físico sino también las condiciones sociales y económicas particulares de cada área.

Amenazas naturales frecuentes

Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que la pone en constante alerta ante terremotos o erupciones. Además, las intensas lluvias provocan con frecuencia inundaciones y deslizamientos, principalmente en regiones montañosas como la zona Andina.

Un ejemplo reciente es la temporada de lluvias del 2020, que afectó duramente a municipios como Mocoa y Leticia, evidenciando la necesidad de contar con sistemas de alerta temprana y planes de evacuación bien establecidos.

Es fundamental que la gestión de riesgo en Colombia considere tanto la diversidad natural como las características propias de cada comunidad para implementar soluciones eficientes y realistas.

Este conocimiento contribuye a una toma de decisiones informada que evita pérdidas innecesarias y protege vidas, un aspecto vital para cualquier inversor o analista interesado en proyectos dentro del país.

Marco normativo y legal vigente

En Colombia, el marco normativo y legal que regula la gestión del riesgo es fundamental para establecer responsabilidades claras y definir las pautas para la prevención, mitigación y respuesta ante desastres naturales o inducidos por la actividad humana. Este cuerpo legal no solo organiza la acción estatal, sino que también impulsa la participación activa de diferentes sectores sociales y privados. Sin una regulación sólida, cualquier esfuerzo en la gestión del riesgo carecería de la suficiente base para ser efectivo y sostenido en el tiempo.

Leyes principales relacionadas con la gestión de riesgo

Ley de gestión del riesgo

La Ley 1523 de 2012 es el pilar de la gestión del riesgo en Colombia. Su relevancia radica en que define con claridad las responsabilidades de la Nación, las entidades territoriales y la sociedad civil, promoviendo un enfoque de prevención y preparación. Por ejemplo, esta ley establece que los municipios deben contar con planes de gestión del riesgo ajustados a sus características locales, lo que permite un manejo diferenciado y eficiente de las amenazas.

Además, esta normativa regula la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, un espacio para la coordinación y ejecución de políticas integradas. Esto ha permitido que en casos como las inundaciones en la región Caribe, las respuestas sean más rápidas y coordinadas, al contar con protocolos y responsabilidades bien definidos.

Normativas ambientales y urbanísticas

Las normativas ambientales y urbanísticas complementan la Ley de gestión del riesgo al integrar el control del uso del suelo y la protección del entorno en la prevención de desastres. Normas como el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) en diferentes municipios regulan las zonas de alto riesgo evitando urbanizaciones en áreas proclives a deslizamientos o inundaciones.

Un ejemplo práctico es la restricción de construcciones en zonas cercanas a riberas de ríos o áreas de alta actividad sísmica, que busca reducir pérdidas humanas y materiales. Así, estas regulaciones no solo velan por el equilibrio ambiental sino también por la seguridad de las personas y sus bienes.

Instituciones responsables y sus funciones

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad central encargada de articular y supervisar las políticas públicas en este campo. Su función principal es coordinar las acciones entre los distintos niveles de gobierno y sectores involucrados, garantizando un enfoque integral.

Por ejemplo, la UNGRD tiene un programa especial dedicado a la capacitación de municipios para fortalecer capacidades locales. Su rol se extiende también a la gestión de recursos para emergencias y al seguimiento continuo de amenazas a nivel nacional.

Entidades regionales y locales

A nivel regional y local, las oficinas de gestión del riesgo adaptan las directrices nacionales a las particularidades del territorio. Estas entidades son las encargadas de implementar planes específicos, desde campañas de sensibilización hasta acciones de mitigación localizadas.

En departamentos como Antioquia o Nariño, las entidades locales han logrado crear sistemas de alerta temprana para deslizamientos, combinando tecnología y conocimiento comunitario. Esto ejemplifica cómo, a nivel territorial, la gestión del riesgo es una labor práctica y tangible que requiere este marco legal para ser viable y coherente.

El marco normativo y las instituciones no solo regulan, sino que constituyen la columna vertebral para una gestión de riesgo efectiva y sostenible en todo el país.

Con un esquema jurídico robusto y actores claros, Colombia puede prepararse mejor para enfrentar sus desafíos naturales y sociales con un pie firme en la prevención y la respuesta.

Amenazas y riesgos más comunes en Colombia

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Colombia enfrenta diversos riesgos que afectan tanto a su población como a su economía y desarrollo sostenible. Identificar y entender estos peligros es fundamental para diseñar estrategias eficaces de gestión del riesgo. En este contexto, destacar las amenazas más comunes permite focalizar esfuerzos y recursos, facilitando una mejor toma de decisiones por parte de inversionistas y analistas financieros que operan en un entorno marcado por incertidumbres naturales y sociales.

Riesgos naturales predominantes

Sismos y volcanes

Colombia está situada en una zona geográficamente activa, al borde de placas tectónicas que generan una constante actividad sísmica y volcánica. Por ejemplo, el volcán Nevado del Ruiz, conocido por su trágica erupción en 1985, representa una amenaza latente para comunidades cercanas. Los sismos, frecuentes en regiones como el Eje Cafetero, pueden afectar severamente infraestructura clave si no se cuenta con adecuados planes de prevención.

Para inversionistas y empresarios, la relevancia práctica radica en evaluar riesgos estructurales y decidir sobre la ubicación de proyectos o viviendas, considerando códigos sismorresistentes y planes de emergencia. Esto no solo reduce pérdidas económicas sino que protege vidas.

Inundaciones y deslizamientos

Las lluvias intensas y la deforestación han aumentado la ocurrencia de inundaciones y deslizamientos, especialmente en la región Andina y la Costa Caribe. En 2010, las lluvias causaron inundaciones masivas en Barranquilla, afectando cadenas de suministro y la actividad comercial.

Los deslizamientos, comunes en áreas montañosas con suelos saturados, pueden aislar comunidades y destruir vías de comunicación. Para los actores financieros, comprender estas amenazas permite anticipar interrupciones y planificar contingencias. La adopción de sistemas de alerta temprana y evaluar mapas de riesgo son prácticas recomendables.

Riesgos socioeconómicos y tecnológicos

Conflictos sociales

Las tensiones sociales derivadas de desigualdades, protestas o disputas territoriales impactan la estabilidad y la inversión en regiones afectadas. Por ejemplo, las protestas agrícolas por precios de productos básicos en zonas rurales generan bloqueos y paralización de actividades.

Estos conflictos suponen riesgos para cadenas productivas y la seguridad de activos. Analistas deben considerar indicadores sociales y mantener canales de comunicación con actores locales para minimizar sorpresas y anticipar escenarios.

Accidentes industriales y tecnológicos

Con la presencia de industrias extractivas, petroquímicas y plantas de energía, Colombia enfrenta riesgos asociados a accidentes como explosiones, derrames químicos o fallos técnicos. El accidente en la refinería de Barrancabermeja en 2015, con impactos ambientales y sociales, es un ejemplo palpable.

Para inversionistas, cumplir con normativas ambientales y evaluar el historial de seguridad de proveedores evita pérdidas significativas y problemas de reputación. Implementar auditorías periódicas y fortalecer la capacitación en seguridad industrial son estrategias prácticas.

Comprender en detalle las amenazas naturales y sociales que enfrenta Colombia no es solo un ejercicio académico; es una herramienta clave para planificar y proteger inversiones, garantizar continuidad operativa y fortalecer la resiliencia en un país tan diverso y vulnerable.

Este enfoque permite a los interesados en la gestión del riesgo contar con una visión clara y aplicada que favorece la toma de decisiones informadas y la prevención eficaz de desastres en múltiples ámbitos.

Actores clave en la gestión de riesgos

En Colombia, la gestión de riesgos no es tarea de un solo actor; se trata de un esfuerzo conjunto entre distintos sectores. Identificar quiénes son estos actores clave ayuda a entender cómo se organizan las respuestas y se diseñan estrategias que realmente funcionen frente a las amenazas naturales y sociales. El sector público, la sociedad civil y el sector privado forman un triángulo fundamental, con roles definidos pero complementarios.

Rol del sector público

Políticas públicas

Las políticas públicas en gestión de riesgos en Colombia establecen el marco para la prevención, mitigación y respuesta a desastres. Son instrumentos que definen prioridades y asignan recursos para acciones concretas. Por ejemplo, la Ley 1523 de 2012 establece directrices claras para la gestión integral del riesgo, incluyendo la reducción del riesgo en planificación urbana y el desarrollo sostenible.

Estas políticas no solo tienen un enfoque de reacción inmediata sino que privilegian la prevención a largo plazo, como la implementación de planes municipales de emergencia y campañas educativas. La planificación que se hace desde las entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) garantiza que los planes se adapten a las características regionales del territorio.

Coordinación interinstitucional

La coordinación entre entidades es vital para evitar esfuerzos dispersos que agregan poco valor. En Colombia, esta colaboración se da a distintos niveles: nacional, regional y local. Por ejemplo, en eventos como el Fenómeno de La Niña, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) trabaja mano a mano con la UNGRD y las alcaldías para monitorear riesgos y emitir alertas tempranas.

Un buen ejemplo de coordinación efectiva se observó durante las inundaciones en municipios del Atlántico, donde a tiempo se activaron protocolos conjuntos entre la Defensa Civil, Fuerzas Militares y las secretarías de gobierno locales, lo que permitió evacuar comunidades en alto riesgo sin mayores pérdidas humanas.

Participación de la sociedad civil y el sector privado

Comunidades locales

Las comunidades son la primera línea de defensa y, muchas veces, las más afectadas por los desastres. Su participación va más allá de ser simples receptores de información; son actores activos que con su conocimiento del territorio contribuyen a identificar riesgos y diseñar soluciones viables. En zonas rurales de Antioquia, por ejemplo, las comunidades han desarrollado comités de gestión de riesgo que funcionan como puntos de información y organización frente a amenazas como deslizamientos.

Su involucramiento también fortalece la capacidad de resiliencia local, porque generan redes de apoyo y promueven prácticas culturales de prevención adaptadas a sus realidades. El llamado es a fortalecer estos comités con capacitación y recursos para que puedan tomar decisiones informadas y responder con rapidez.

Empresas y su responsabilidad

El sector privado tiene una gran cuota de responsabilidad en la gestión del riesgo, tanto por su impacto económico como por su rol social. Grandes empresas en Colombia, como Ecopetrol o Grupo Aval, han adoptado programas internos de gestión de riesgos que no solo buscan proteger sus activos físicos sino también a sus empleados y comunidades cercanas.

Asimismo, la responsabilidad empresarial se extiende a evaluar y mitigar riesgos asociados a sus operaciones, especialmente las industrias extractivas y manufactureras, que pueden causar riesgos tecnológicos o ambientales graves. La implementación de planes de contingencia, auditorías de seguridad y la colaboración con autoridades locales son prácticas que cada vez cobran más importancia.

La gestión efectiva del riesgo no depende solo del qué hacer, sino de quién lo hace y cómo se conecta cada actor para actuar de manera conjunta. Sin la participación coordinada y comprometida de estos sectores, las estrategias pueden quedarse en buenos planes sin resultados contundentes.

Este enfoque integral que abarca tanto la institucionalidad pública como la energía y la experiencia de la comunidad y el sector privado, resulta la forma más sólida de enfrentar la diversidad y vulnerabilidades que caracteriza al territorio colombiano.

Herramientas y estrategias para la prevención y mitigación

Las herramientas y estrategias para la prevención y mitigación son la base para reducir el impacto de los desastres en Colombia. Ante la compleja geografía y la diversidad de riesgos, no basta con reaccionar cuando ocurre un evento; es vital implementar medidas que anticipen y minimicen daños. Esto incluye desde políticas urbanísticas hasta sistemas tecnológicos que alertan antes de que una amenaza se concrete.

Planificación territorial y urbanística

Una adecuada planificación territorial es crucial para evitar que las personas y bienes se expongan a zonas de riesgo. Dos elementos destacan dentro de esta planificación: la zonificación de riesgos y el control del uso del suelo.

Zonificación de riesgos

La zonificación de riesgos consiste en identificar y clasificar áreas según el peligro que enfrentan —por ejemplo, zonas propensas a deslizamientos, inundaciones o actividad volcánica. Esto permite tomar decisiones informadas sobre dónde se puede construir y dónde no. En Colombia, regiones como la cuenca del río Magdalena han sido evaluadas para evitar que las comunidades se asienten en áreas inundables.

Este instrumento es clave para orientar las políticas públicas y guiar a los municipios en la adopción de normativas que protejan a la población. Sin una zonificación clara, es común que se desarrollen urbanizaciones en terrenos riesgosos, lo que genera pérdidas humanas y materiales evitable.

Control de uso del suelo

Complementario a la zonificación, el control del uso del suelo regula qué actividades pueden ocuparse en diferentes territorios. Su función principal es evitar asentamientos en zonas vulnerables y promover actividades compatibles con el nivel de riesgo. Por ejemplo, en áreas cercanas a fallas geológicas activas, se pueden limitar las construcciones habitacionales y favorecer parques o cultivos.

Este control se articula mediante planes de ordenamiento territorial que las autoridades municipales deben cumplir. A nivel práctico, en ciudades como Manizales se ha reforzado el control para impedir expansiones urbanas en zonas de ladera con alto riesgo de deslizamientos.

Sistemas de alerta temprana y monitoreo

La prevención también se apoya en tecnologías y capacitación continua. Los sistemas de alerta temprana y monitoreo son esenciales para detectar señales de peligro y responder a tiempo.

Tecnologías empleadas

En Colombia, se utilizan sensores sísmicos, cámaras de monitoreo, estaciones meteorológicas y satélites para recolectar datos en tiempo real. Por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano tiene un sistema de vigilancia volcánica en la zona del Nevado del Ruiz.

Además, plataformas digitales permiten la integración de esta información para emitir alertas inmediatas a la población y autoridades. La conectividad móvil juega un rol fundamental, ya que los mensajes SMS o aplicaciones de emergencia pueden salvar vidas.

Capacitación y sensibilización

La tecnología no basta si la población y los actores locales no saben cómo reaccionar. Por eso, la capacitación y sensibilización orientan a comunidades, funcionarios y empresas sobre protocolos de emergencia y prevención.

Esta formación incluye simulacros regulares, talleres y distribución de materiales educativos. Así, en municipios vulnerables como Mocoa se han logrado mejorar significativamente los tiempos de respuesta y reducir el pánico ante eventos como lluvias intensas o deslizamientos.

Una alerta temprana sin una población entrenada puede ser como un megáfono sin nadie que escuche.

En suma, la combinación de una planificación territorial estricta con sistemas tecnológicos y formación comunitaria conforma un marco efectivo para prevenir y mitigar los riesgos en Colombia. Adoptar estas herramientas no solo salva vidas, sino que también protege inversiones y el desarrollo a largo plazo.

Gestión del riesgo en desastres recientes

Comprender cómo ha respondido Colombia a desastres recientes es fundamental para mejorar la gestión del riesgo. Analizar casos concretos permite identificar qué funcionó, qué falló y cómo se pueden ajustar las estrategias para futuras emergencias. La experiencia práctica en territorios afectados da vida a las políticas y planes, mostrando que no basta con la teoría; la realidad exige adaptabilidad y respuesta efectiva.

Estudio de casos significativos

Inundaciones en la región Caribe

Las inundaciones en el Caribe colombiano son recurrentes, especialmente durante fenómenos como El Niño y La Niña. Zonas como Atlántico y Bolívar registran impactos severos que afectan infraestructura, agricultura y vivienda. Lo relevante aquí es cómo estas crisis han impulsado mejoras en la gestión del agua y el desarrollo de sistemas de alerta anticipada más precisos. Por ejemplo, la implementación de sensores hidrométricos en ríos estratégicos ha permitido prever crecidas, minimizando pérdidas humanas.

En el Caribe, entender el ciclo hidrológico local y su interacción con el clima es vital para reducir la vulnerabilidad de las comunidades.

Deslizamientos en la región Andina

La región Andina enfrenta constantemente riesgos de deslizamientos por su geografía montañosa y la deforestación. Casos recientes en Cundinamarca y Antioquia han evidenciado la necesidad de un manejo territorial riguroso y control sobre el uso del suelo. Aquí, el aprendizaje incluye la creación de mapas detallados de riesgo y fomentar la reforestación en zonas críticas. Esto contribuye a estabilizar terrenos y a prevenir tragedias.

Lecciones aprendidas y ajustes

Fortalecimiento institucional

Después de cada desastre, una de las prioridades ha sido fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas. Esto implica mejorar la coordinación entre Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, alcaldías y gobernaciones, así como dotarlas de recursos técnicos y humanos adecuados. Un ejemplo palpable es el incremento de personal capacitado en manejo de emergencias y la optimización de los protocolos para respuesta rápida.

Mejoras en la respuesta comunitaria

La respuesta efectiva no solo depende de instituciones sino también de las comunidades afectadas. Por ello, el trabajo constante en capacitación y sensibilización ha sido clave. Se ha promovido la formación de brigadas locales de emergencia, que pueden actuar de inmediato ante eventos como inundaciones o deslizamientos. Además, se ha incentivado el desarrollo de planes de contingencia comunitarios, para que cada localidad cuente con rutas de evacuación y puntos de encuentro claros.

La autogestión en las comunidades es un pilar que amplifica la efectividad de la gestión pública, haciendo que la preparación sea un esfuerzo conjunto y continuo.

Estos casos y aprendizajes moldean la gestión del riesgo en Colombia, marcando un camino claro hacia una mejor prevención y atención ante futuros desastres.

Desafíos actuales y perspectivas futuras

En Colombia, la gestión del riesgo enfrenta desafíos enormes que no solo requieren atención inmediata, sino también una mirada a largo plazo. El cambio climático, junto con la necesidad de innovar en métodos y mantener un aprendizaje constante, pone a prueba la capacidad de respuesta del país. Esta sección explora cómo estos factores moldean la gestión y proponen caminos para mejorar la prevención y mitigación.

Impacto del cambio climático sobre la gestión de riesgo

Incremento de eventos extremos

El aumento de eventos climáticos extremos, como huracanes más intensos y periodos de lluvias prolongadas, ha alterado la frecuencia y gravedad de desastres naturales en Colombia. Por ejemplo, la región Caribe ha visto inundaciones más severas y prolongadas en los últimos años, afectando comunidades enteras y amenazando la infraestructura crítica. Este incremento obliga a las autoridades a ajustar sus estrategias, pasando de una gestión reactiva a una preventiva, basado en datos actualizados y modelos predictivos que anticipan estas amenazas.

Adaptación y resiliencia

Colombia debe enfocarse en fortalecer la capacidad de sus comunidades y sistemas para adaptarse y recuperarse tras impactos ambientales. La resiliencia implica no solo reparar daños, sino también transformar las estructuras vulnerables para que soporten futuros eventos. Un ejemplo práctico son los programas en la región Andina que promueven construcciones con materiales y diseños resistentes a deslizamientos, mientras educan a la población sobre cómo actuar antes, durante y después del desastre. La adaptación también requiere cambios en políticas públicas que incentiven prácticas sostenibles y reduzcan la exposición a riesgos.

Innovación tecnológica y aprendizaje continuo

Nuevas metodologías

La incorporación de tecnologías como sensores remotos, drones y sistemas de información geográfica (SIG) ha revolucionado la forma en que se identifica y monitorea el riesgo. Estas herramientas permiten captar datos en tiempo real, facilitando respuestas más rápidas y precisas. Por ejemplo, el uso de drones para vigilar territorios propensos a deslizamientos en Antioquia ha ayudado a anticipar emergencias y minimizar pérdidas. Además, las metodologías basadas en inteligencia artificial están empezando a predecir patrones de desastres, lo que abre la puerta a una prevención más eficiente.

Capacitación continua para actores involucrados

El conocimiento no puede quedarse estancado; requiere mantenimiento y actualización constantes. Invertir en la capacitación permanente de funcionarios públicos, líderes comunitarios y empresarios es vital para una gestión sólida. En ciudades como Bogotá, se han realizado talleres periódicos que actualizan a la población y equipos gestores sobre nuevas amenazas y procedimientos. Esto garantiza que todos actúen con rapidez y coordinación cuando llega la emergencia. Además, la formación debe incluir habilidades blandas como comunicación efectiva y liderazgo para fortalecer el tejido social en crisis.

En resumen, el camino hacia una gestión de riesgo efectiva en Colombia pasa por entender cómo el cambio climático redefine las amenazas y por potenciar la tecnología y el conocimiento continuo. Solo así se podrán reducir los impactos y proteger mejor a las comunidades más vulnerables.